Quienes efectivamente sostenemos la educación universitaria y hemos realizado un esfuerzo enorme para garantizarla durante el año pasado, vemos con sorpresa la unilateralidad con que se han tomado ciertas decisiones que nos afectan y creemos necesario volver a expresar que la emergencia sanitaria es la principal preocupación que aún tenemos. Por lo tanto, ninguna medida que se adopte en nuestra Universidad debe poner en riesgo la salud de quienes integramos la comunidad universitaria, ni de nuestras familias. Asimismo, consideramos que es falsa la dicotomía entre presencialidad y virtualidad. En la presencialidad enseñamos y aprendemos mejor, mientras que la virtualidad es un complemento, una herramienta más en el proceso educativo, y fue asumida de manera transitoria frente a la emergencia sanitaria. No podemos dejar de señalar que la virtualización compulsiva ha implicado un deterioro considerable de la tan mentada calidad académica. Por ello, afirmamos que no se puede reemplazar la educación presencial, pero sí debatir (entre autoridades, gremios y el conjunto de la comunidad universitaria) cuáles son las mejores medidas y/o mecanismos para volver a la presencialidad de manera progresiva, sin perjuicio para nuestra salud ni para nuestros derechos.
Creemos que las condiciones sanitarias hoy no están aseguradas para la vuelta a la presencialidad plena, ya que se debe pensar en garantizar numerosos aspectos (espacios adecuados con ventilación, distanciamiento, provisión de todos los elementos de higiene, entre otros), atendiendo a las excepciones y contando con la conformidad de la/el docente. Por otro lado, muchos estudiantes y docentes no viven en las localidades donde estudian y/o trabajan, dificultándose así su traslado a causa de las medidas de control de circulación. Además, la elaboración e implementación de los protocolos sanitarios debe realizarse con participación plena de los gremios, (no sólo docentes, sino también no docentes y estudiantes) algo que desde ADIUNNE, conjuntamente con CODIUNNE, venimos reclamando desde inicios del 2020 ante las autoridades de la UNNE. Recién en estos días la rectora Delfina Veiravé se comprometió a convocar a la conformación de la Comisión de Higiene, Seguridad y Ambiente de Trabajo, con participación gremial, que se ocupará de estos temas.
El inicio del ciclo con modalidad virtual para este 2021, pone nuevamente al conjunto de la docencia de la UNNE ante la posibilidad de vulneración de derechos. Sabemos lo que eso significó durante todo el 2020, cuando convertimos nuestras casas en aulas universitarias suprimiendo los límites entre la vida privada y la vida laboral, la sobre-exigencia laboral que ello implicó y los esfuerzos en lo económico para hacer frente a mayores gastos por la tarea virtual. En esto último, a diferencia de muchas otras Universidades del país, sin ningún tipo de reconocimiento de gastos por parte de la UNNE. Sólo recibimos un bono insuficiente, a fin de año, por parte del gobierno nacional.
La continuidad del trabajo docente en virtualidad requiere que nuestra Universidad garantice ciertas condiciones mínimas. Por ejemplo, el mejoramiento de las plataformas de educación virtual, la puesta a disposición de toda la docencia de otros recursos y software alternativos, nuevas capacitaciones adaptadas al ámbito y a la temática respectivas, reconocimiento de gastos de virtualidad, provisión de recursos tecnológicos (computadoras, conectividad, paquetes de datos) para quienes los requieran, de acuerdo con los deberes del empleador –en este caso, el Estado Nacional- plasmados en los Art. 20, 21, 26 y 30 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.
Entendemos todo lo anterior como una situación de excepcionalidad que continúa y rechazamos de plano la idea de que “la virtualidad vino para quedarse”, tal como sostuvo el Consejo Interuniversitario Nacional (cuya presidenta es la rectora de la UNNE) en su última declaración del 9 de febrero pasado. No somos teletrabajadores/as, ni consentimos que se nos fuerce a convertirnos en ello por las demandas del mercado. Una vez más reiteramos que acompañamos transitoriamente esta experiencia de enseñanza virtual sabiendo que las actuales condiciones no nos permiten al conjunto de la docencia universitaria volver a las aulas de manera segura.
En este mismo sentido consideramos que debe garantizarse el pleno respeto a las condiciones laborales de cada una de las categorías y dedicaciones docentes, cumpliendo con nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y proveerse el presupuesto necesario para asegurar las actividades presenciales que se requieran en condiciones seguras. De manera urgente y en lo inmediato, es preciso asegurar la existencia y cumplimiento de protocolos sanitarios y provisión de todos los elementos de higiene y protección para las instituciones de nivel preuniversitario que dependen de la UNNE, como la escuela ERAGIA en Corrientes y los Jardines de Infantes (Resistencia y Corrientes).
Urge también terminar con la precarización laboral de las y los docentes contratada/os y/o interina/os, situación irregular e ilegal que mantienen las autoridades de la UNNE en contraposición con lo dispuesto en nuestro CCT (Art. 6 y 11), como así también poner en marcha el proceso de regularización de interina/os de la Escuela Agraria ERAGIA, ya aprobado por Consejo Superior.
En este contexto nuestros salarios han tenido un grave deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación. El gobierno no ha respetado la cláusula gatillo acordada en la paritaria 2019, y en el 2020 los salarios docentes quedaron nuevamente por debajo de la inflación, lo que implicó un enorme ajuste. Acompañamos el reclamo de nuestra Federación CONADU HISTÓRICA sobre la eliminación total del impuesto a las ganancias sobre los ingresos de las y los trabajadores, así como la inmediata convocatoria a la Mesa de Negociación Salarial para discutir una recomposición que permita al conjunto de la docencia universitaria –que nunca dejó de enseñar, incluso en los peores momentos de la emergencia sanitaria- recuperar la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y desarrollar sus tareas en las condiciones adecuadas para garantizar el derecho a una educación superior de calidad.
